¿Y si mañana tu celular deja de ser una herramienta para comunicarte y se convierte en tu propia jaula digital? La nueva Reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México no solo propone regular los medios: propone vigilarte sin que te des cuenta.
En México, donde el discurso oficial repite como mantra la “transformación”, el gobierno prepara la nueva iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no moderniza, sino que retrocede. Esta ley prácticamente convierte las telecomunicaciones en un brazo de vigilancia, disfrazada de progreso digital. Bajo el pretexto de “proteger audiencias” y “regular plataformas”, Sin embargo, al revisar sus detalles, lo que encontramos no es una modernización de derechos, sino una estructura jurídica ambigua, con vacíos legales, que podría consolidar el control total sobre lo que se dice, cómo se dice y, sobre todo, quién lo dice.
Aunque se ha frenado temporalmente en el Senado, se han programado mesas de discusión para los próximos días, lo cierto es que su sola existencia genera una alerta que no puede ignorarse.
La Muerte del IFT: Cuando el Regulador se vuelve Censurador.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones nació en 2013 como un contrapeso técnico, no político. Ahora, el gobierno quiere enterrarlo y transferir sus poderes a una Agencia de Transformación Digital dirigida por José Merino, un operador cercano al poder. El juego es claro: concentrar en una sola oficina, bajo el mando político, las decisiones sobre qué medios, plataformas o contenidos son “adecuados”.
En Turquía, Erdogan usó una jugada similar para controlar redes sociales y encarcelar periodistas. ¿Es ese el modelo que quiere México?
El Artículo 160: Cuando la Privacidad se vuelve Delito.
El corazón autoritario de esta reforma late en el artículo 160, un mecanismo de vigilancia masiva que obliga a las telefónicas a guardar y entregar registros detallados de llamadas, mensajes y ubicación en tiempo real de cualquier usuario, sin necesidad de una orden judicial.
¿Suena paranoico? Basta mirar a China o Rusia, donde leyes similares sirven para perseguir disidentes bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
La Constitución lo prohíbe. El artículo 16 es claro: las comunicaciones privadas son inviolables. Pero esta iniciativa lo borra con un plumazo, normalizando que el gobierno espíe a ciudadanos como si fueran sospechosos permanentes.
¿Realmente creen que un Estado que no ha podido frenar la violencia va a usar estos datos con responsabilidad?
El contexto político en el que surge esta iniciativa no es menor. El país vive una polarización creciente y una relación tensa entre el gobierno y medios críticos. El riesgo no solo es que se imponga la censura directa, sino que se genere un clima de autocensura en periodistas, usuarios de redes y medios alternativos, que por temor a represalias, decidan callar. Esto enfría el debate público, limita la participación y daña irreversiblemente la calidad de nuestra democracia.
Además, este tipo de legislación no es aislada. Tiene paralelismos con leyes impulsadas en regímenes autoritarios o semidemocráticos, donde se usan los argumentos de “seguridad nacional” o “combate a la desinformación” para acallar voces incómodas. Basta mirar ejemplos como algunas medidas adoptadas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, donde se usaron las herramientas digitales como campo de batalla político y como forma de exclusión de la crítica.
¿Hay beneficios posibles? Sí, pero solo si la intención fuera realmente proteger a las audiencias, garantizar la cobertura digital en zonas vulnerables, o asegurar el derecho a una comunicación accesible.
¿Necesitamos regulación de plataformas? Sí, pero para eso no se necesita una ley que concentre el poder, sino una que lo reparta, que lo fiscalice y que garantice el respeto a los derechos fundamentales.
Una ley que promete ordenar el caos digital pero solo ordena el silencio.
Esta iniciativa no es técnica, es política. No busca proteger a los ciudadanos, sino al poder. No moderniza, retrocede a un modelo donde el Estado decide qué información es “correcta”.
México merece una ley que garantice acceso a internet, privacidad y libertad de expresión, no un manual de vigilancia y control. Si esta reforma pasa, no será un avance: será la certificación legal de que el miedo ganó.
Al contrario de imponer filtros y castigos desde el poder, México debería apostar por un modelo de educación mediática que forme ciudadanos críticos, capaces de discernir por sí mismos qué información es veraz y qué no, qué discurso aporta y cuál manipula. La libertad de expresión no se defiende con vigilancia, sino con educación. En lugar de controlar lo que se dice, el Estado tendría que fomentar el pensamiento autónomo, la lectura crítica y el debate informado, porque una sociedad que piensa por sí misma es mucho más difícil de manipular que una sociedad callada por miedo.
¿Lo permitiremos?
